La intención es flexibilizar el horario laboral para los empleados de empresas privadas. La proposición está contenida en el Proyecto de Ley 3747 de la autoría del representante Héctor Ferrer, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático.

Algunos favorecen la idea, otros la rechazan tajantemente y con el fin de conocer esas voces, la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos (FDEMH) presentaron el foro Las propuestas de cambio de la jornada legal de trabajo.

Cuatro panelistas expusieron sus puntos de vista. Ferrer y Jaime Núñez, portavoz de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) se manifestaron a favor de la medida. Mientras, Román Velasco, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el licenciado Juan Mari Bras, profesor de la FDEMH se expresaron en contra del proyecto.

“Aquí usted ve un Secretario, de la administración a la que yo pertenezco, que está en contra de lo que estoy proponiendo, y somos amigos… lo bueno de esta actividad es que hemos podido y seguiremos discutiendo con altura los proyectos que entendemos son de vanguardia en Puerto Rico”, afirmó Ferrer al comienzo de su alocución.

Explicó que la iniciativa promueve una semana comprimida que permite que los trabajadores puedan cumplir con sus 40 horas de trabajo en menos de cinco días. Agregó que la idea está sustentada por evidencia empírica de estudios realizados por el Departamento del Trabajo Federal.

“Una de las virtudes de la iniciativa es que la clase trabajadora tendría 52 días libres adicionales del año… Otra de las virtudes es que está sustentada en un marco de voluntariedad”, señaló.

Destacó que otro de los beneficios de una semana de trabajo alterna es la flexibilidad y el control sobre su itinerario que ejerce el recurso humano. “Se siente valorado por su capacidad y experimenta el apoyo en un ambiente inclusivo. El patrono recibe un mayor rendimiento individual y colectivo, a la vez que obtiene un compromiso mayor de su capital humano”, indicó al concluir que la medida mejoraría la competitividad de la Isla.

Coincidió Núñez quien explicó que la jornada alterna podría contar de cuatro días en los que se labore 10 horas diarias o tres días en los que se trabaje 12 horas diarias. Según indicó dependerá de los acuerdos voluntarios a los que lleguen los empleados con los patronos.

“Yo creo que el trabajador puertorriqueño es lo suficientemente inteligente, como para escoger aquellas cosas que le convienen y las que no”, manifestó.

Sin embargo, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico no le ve futuro a la medida que no cuenta con el apoyo de la agencia que dirige. “Estos temas de cambiar la jornada de trabajo y de aumento al salario mínimo reviven los viejos fantasmas”, sostuvo.

Resaltó que la enmienda “contraviene” con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que establece una jornada de trabajo de ocho horas al día. Asimismo, indicó que trastoca lo establecido por la Ley 379 que establece la “irrenunciabilidad del pago de horas extra”.

Velasco citó estudios que afirman que mientras menor la jornada de trabajo mayor la productividad. “Las culturas mediterráneas están luchando por reducir la jornada de ocho horas a seis horas, porque está comprobado que luego de la sexta hora los empleados no son tan productivos”, enfatizó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Mari Bras hizo un recuento histórico de las luchas laborales que protagonizaron los trabajadores puertorriqueños hasta llegar al amparo constitucional de un horario de ocho horas de trabajo.

“Lo que hicieron los que redactaron la Constitución fue recoger en este principio sobre la jornada diaria de ocho horas de trabajo el reconocimiento universal de una reivindicación obrera que costó esfuerzos y luchas extraordinarias al movimiento obrero a lo largo de un siglo”, sostuvo el profesor de leyes.

Recordó un caso en el que en la década de los cincuenta representó a los estibadores de muelle quienes reclamaban el pago por horas extras. Indicó que el Tribunal resolvió a favor de los trabajadores.

“El tribunal hizo bien claro que el pago de tiempo y medio por horas en exceso de las ocho horas es un derecho constitucional que no es cambiable por legislación y tampoco por convenio colectivo. Es un derecho que no es renunciable porque su razón de ser es para proteger la salud y bienestar de los trabajadores, que es un deber de un estado”, sostuvo enérgicamente Mari Bras.

A su juicio aprobar esta medida sería como regresar al pasado en el que los trabajadores no tenían derechos. “Nos parece insólito que se pretenda mediante legislación, que carece de toda base sociológica, echar atrás conquistas ya resueltas hace muchos años y volver a épocas pretéritas en las que se les permitía a los patronos mantener a los trabajadores atados a una jornada extenuante, antiética y anticientífica de más de ocho horas diarias”.

Tras las presentaciones la audiencia, congregada en el auditorio del edificio de ADEM, participó en una sección de preguntas y respuestas con los panelistas.

La actividad fue organizada por la profesora Moraima de Hoyos, la orientadora Arelys Arcelay y los estudiantes orientadores de ADEM en coordinación con la FDEMH.

Desde la izquierda Román Velasco, Juan Mari Bras, Jaime Núñez y Héctor Ferrer.

El representante Héctor Ferrer es el proponente de la medida que pretende flexibilizar la jornada de trabajo.

Jaime Núñez de la Cámara de Comercio de Puerto Rico ,entidad que apoya el proyecto.

El licenciado Juan Mari Bras rechaza la idea de comprimir el horario laboral.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio del edificio de Administración de Empresas que estaba repleto a capacidad.

Fotos Mariam Ludim Rosa Vélez / Prensa RUM